Declaración del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, al concluir su visita al Perú

13 de diciembre de 2013

Estoy concluyendo mi visita oficial al Perú, la cual comenzó el pasado 6 de diciembre. El propósito de esta visita fue conocer la situación de los pueblos indígenas en el país, incluyendo temas relacionados a la consulta, el consentimiento libre, previo e informado, y los efectos de las actividades de las industrias extractivas sobre los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial. Durante esta visita, he mantenido una serie de reuniones con varios representantes de Gobierno, a nivel nacional y regional, representantes de los pueblos indígenas, de la sociedad civil, y de empresas privadas. Estas reuniones tuvieron lugar en la ciudad de Lima, así como en diversas ciudades, localidades y comunidades indígenas en los departamentos de Puno, Cusco y Loreto.
Quisiera agradecer al Gobierno del Perú por su cooperación ejemplar durante la visita y por la información que me brindó con respecto a sus leyes, políticas y programas en materia indígena. También quisiera agradecer la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por su ayuda imprescindible para esta visita. A la vez, expreso mi agradecimiento a la empresa Pluspetrol por haber facilitado mi visita a sus instalaciones en Cusco y Loreto, y por la información que proporcionó sobre sus proyectos en estos departamentos. Finalmente, quisiera expresar mi gratitud a los pueblos indígenas, en particular a sus autoridades y organizaciones representativas, por invitarme a sus territorios, por la hospitalidad que me brindaron y por compartir conmigo sus historias, sus preocupaciones y sus aspiraciones.

En los últimos días, he recogido una gran cantidad de información de los pueblos indígenas, representantes gubernamentales y otras fuentes en el país. En las semanas siguientes, revisaré la extensa información recibida con el fin de elaborar un informe sobre los temas estudiados y para hacer una serie de recomendaciones. Este informe se hará público y será presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2014. Con anticipación de este informe, quisiera ofrecer ahora algunas observaciones y recomendaciones preliminares con base en lo que he podido apreciar durante mi visita. Estas observaciones no reflejan toda la gama de cuestiones y preocupaciones que fueron llevadas a mi atención, ni tampoco reflejan todas las iniciativas por parte del Gobierno relacionadas con las cuestiones indígenas.

En julio del año 2009 visité Perú en mi calidad de Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, para examinar la situación en los días posteriores a los enfrentamientos en Bagua, en los que resultaron muertas y heridas varias personas indígenas y no indígenas. La situación de Bagua surgió, en gran medida, a raíz de los problemas relacionados con el aprovechamiento de los recursos naturales y la falta de participación de los pueblos indígenas en el desarrollo de decretos legislativos sobre esta temática. Era evidente en esa época que existía un alto nivel de descontento y de desconfianza entre los pueblos indígenas y el Estado peruano.

Más de cuatro años desde los sucesos de Bagua, no cabe duda de que han habido avances importantes en materia indígena en el país, incluyendo en relación con las industrias extractivas. Un enfoque principal en estos años ha sido el desarrollo de un marco legal sobre la consulta con los pueblos indígenas en relación con las medidas legislativas o administrativas, así como de los planes, programas y proyectos de desarrollo que afectan sus derechos. Hoy en día, Perú es uno de los pocos países en el mundo que cuenta con una ley sobre la consulta con los pueblos indígenas. Cabe notar que existen todavía preocupaciones entre algunos representantes indígenas sobre varios aspectos de la ley y su reglamento de 2012.

En todo caso, tal como he enfatizado en el pasado, el reto ahora consiste en asegurar la implementación de la consulta previa de una manera conforme a los estándares internacionales relevantes. Durante esta visita, he constatado que se han dado pasos hacia la implementación de la consulta previa en el país, incluyendo en el contexto de proyectos de industrias extractivas. Sin embargo, estos pasos se encuentran todavía en sus fases incipientes y según lo expresado tanto por representantes del Estado como por parte de los pueblos indígenas, el Gobierno todavía se encuentra en un proceso de construcción de su capacidad para implementar la consulta previa en términos metodológicos, logísticos y presupuestarios. Voy a continuar monitoreando y analizando los pasos dados por el Gobierno con el fin de proporcionar observaciones al respecto más detalladas en mi informe final.

Una condición necesaria para el desarrollo de la consulta previa es la creación de un ambiente de confianza mutua. Los pueblos indígenas en el Perú han sufrido a lo largo de los años las consecuencias devastadoras de proyectos extractivos en sus territorios, una historia que ha resultado en una deterioración de las relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado, que todavía falta mucho por superar. Observo que el trabajo de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros juega un papel importante en este sentido.

Cabe notar que durante mi visita, dirigentes indígenas manifestaron reiteradamente que ellos no se oponen al desarrollo, pero que ese desarrollo debe tener consonancia con sus derechos, incluyendo sus derechos sobre sus tierras, recursos naturales y sus propias aspiraciones y prioridades para el desarrollo.

Un ejemplo de las varias experiencias negativas con la extracción de recursos naturales en el Perú es la situación de los pueblos indígenas en las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón. Estos pueblos, por más de cuatro décadas, han sido afectados por la explotación petrolera en el Lote 1-AB en el departamento de Loreto. He podido constatar personalmente los serios problemas ambientales que existen en esta zona a raíz de la actividad petrolera. Esto incluye la contaminación de los cuerpos de agua y suelos utilizados por los pueblos indígenas de esa región lo que ha afectado sus fuentes de alimentación y su salud. Cabe notar que la empresa Occidental Petroleum operó el proyecto hasta el 2000, cuando la empresa Pluspetrol asumió la posición contractual de operador. Desde este entonces, las prácticas del proyecto han mejorado en términos ambientales, dentro de un contexto del desarrollo de estándares progresivamente más fuertes de controles ambientales al nivel nacional para la extracción de los recursos naturales. Sin embargo, recientemente, la empresa Pluspetrol fue multada en relación con la laguna de Shanshococha por haber realizado actividades de remediación sin contar con el permiso correspondiente.

La presencia de contaminación ambiental producto de la actividad petrolera durante las últimas cuatro décadas representa una situación crítica que debe ser atendida con la urgencia que merece. Esta situación de urgencia fue resaltada por el Ministerio del Ambiente al declarar este año "estados de emergencia" en las cuencas de los ríos Pastaza y Corrientes debido a la situación de contaminación en esas cuencas. Noto que la empresa ha expresado su disposición de asegurar que sus operaciones dentro de este lote cumplan con la normativa y estándares estatales. No obstante, es necesario que el Gobierno y la empresa realicen mayores esfuerzos para asegurar la remediación ambiental en el Lote 1-AB sin dilatación por razones de una falta de claridad sobre la responsabilidad empresarial especifica en este contexto.

La remediación ambiental de las áreas contaminadas ha sido identificada por las comunidades indígenas de las cuatro cuencas como una precondición para entrar en el proceso de la consulta previa que se contempla llevar a cabo en el contexto de la licitación de la concesión del lote que está prevista para el año 2015. Otras condiciones de las comunidades incluyen la titulación de sus tierras, una mayor presencia del Estado en la zona, indemnizaciones por 40 años de explotación petrolera, y la compensación por el uso de sus tierras para actividades petroleras. Coincido en que estas condiciones son justas y conducentes para un proceso de consulta productivo en relación con una posible nueva concesión petrolera en el área. En lo que representa un paso importante, en octubre de este año el Estado se ha comprometido a establecer una "mesa de desarrollo" con la participación del Gobierno, la empresa y las comunidades para buscar una solución consensuada para resolver estas demandas. Seguiré monitoreando con interés el trabajo de la mesa de desarrollo y espero, el proceso de consulta eventual. Animo a las partes a que aprovechen de esta oportunidad de acercamiento para buscar soluciones a los problemas planteados.

También he visto que en Perú se están desarrollando prácticas para la extracción de recursos naturales que son altamente superiores a las que dieron lugar a la contaminación del Lote 1-AB, de acuerdo a la normativa ambiental que ha sido fortalecida en los últimos años. La misma empresa Pluspetrol opera el proyecto de extracción de gas Camisea dentro del Lote 88, en el departamento de Cusco. Este proyecto ha empleado una metodología novedosa que hasta la fecha ha resultado en una incursión relativamente mínima en el área de explotación. Las instalaciones del proyecto dentro del Lote fueron construidas y se acceden utilizando helicópteros, así evitándose la construcción de carreteras dentro del área. Estas instalaciones incluyen cinco plataformas con pozos de extracción, que son operados de forma remota desde la planta principal del proyecto fuera del Lote, y en su conjunto no ocupan mas de 21 hectáreas de los 143,500 hectáreas del Lote. Según la empresa y el Gobierno, en sus 12 años de operación el proyecto no ha resultado en una degradación de la biodiversidad ni en la contaminación de las aguas o del suelo en el área.

Se puede deducir que el actual proyecto Camisea en el Lote 88 es una buena práctica desde el punto de vista de la preservación de la naturaleza y biodiversidad. Sin embargo, otro asunto es el impacto social y humano que pueda tener el proyecto, lo que ha sido sujeto de un amplio debate, especialmente en vista de que aproximadamente el 75% del Lote 88 está dentro de una reserva establecida para proteger los pueblos indígenas Machiguenga, Nahua, Nanti y otros que están en condición de aislamiento voluntario o contacto inicial.

La empresa operadora del proyecto Camisea ha propuesto la ampliación de sus operaciones dentro del Lote 88, lo que implicaría nuevos trabajos intensivos de exploración y la construcción de nuevas instalaciones dentro del Lote. En su evaluación del Estudio de Impacto Ambiental elaborado por la empresa para la propuesta ampliación de sus operaciones, el Vice-Ministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura ha resaltado varias preocupaciones acerca del potencial impacto de la ampliación del proyecto sobre la salud y bienestar de las agrupaciones indígenas no contactadas y en contacto inicial dentro y fuera del Lote 88. Es evidente que estas agrupaciones son extremadamente vulnerables, por lo que el Gobierno y la empresa deben de actuar con la máxima cautela y no proceder con la propuesta ampliación sin asegurar previamente y de manera conclusiva la no vulneración de sus derechos humanos.

Para ese fin, recomiendo que, entre otras medidas, el Gobierno haga un estudio exhaustivo, con la participación de todos los interesados y expertos competentes acerca de la presencia y las condiciones de los pueblos o agrupaciones indígenas no contactados en el área del Lote 88. Además, considero que, de acuerdo con las obligaciones internacionales del Perú bajo el Convenio No. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales y otras fuentes, el Gobierno debe realizar un proceso de consulta con los pueblos indígenas en el área del Lote 88, antes de tomar una decisión sobre la propuesta de ampliación del proyecto de explotación. Esta consulta debería incluir las comunidades indígenas en contacto inicial que se encuentran dentro de la reserva y que pudieran ver sus derechos afectados por la ampliación del proyecto, tomando debidamente en cuenta sus particularidades y condiciones de vulnerabilidad.

Durante mi visita, llegué a la comunidad de Santa Rosa Serjalí, una comunidad Nahua que se encuentra dentro de la reserva y que se considera como una agrupación indígena en contacto inicial. Durante una asamblea de la comunidad, varios dirigentes y miembros de la comunidad, inclusive mujeres, jóvenes y ancianos, enfatizaron su deseo de ser partícipes en todas las decisiones que les pueden afectar y de hablar por si mismos. Además, reclamaron la falta de servicios básicos de salud, educación, agua potable y otros del Estado.

Considero que se debe ajustar la normativa que regula el contacto estatal con los integrantes de la reserva, en la medida necesaria para facilitar el suministro de servicios estatales a ésta y otras comunidades en condiciones semejantes de contacto inicial, y para la realización de consultas con ellas con respecto a las decisiones estatales que les puedan afectar. Asimismo, las instituciones estatales competentes deben de actuar de inmediato para asegurar el acceso efectivo de servicios de salud y los otros servicios básicos para estas comunidades.

Además de las actividades de extracción de hidrocarburos y de petróleo en la Amazonía, existe en Perú una gran cantidad de actividades mineras en la región andina del país. Las comunidades indígenas con las cuales me reuní me informaron que no han sido consultadas con el fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado en relación con las actividades mineras, situación que ha llevado en los últimos años a la oposición a estos proyectos entre varios sectores indígenas, así como en conflictos y protestas que han llegado en algunos casos a la violencia. A la vez, tomo noto de la posición del Ministerio de Energía y Minas de que sí se han llevado a cabo consultas en el contexto de estos proyectos, y por lo tanto continuaré examinando estas posiciones divergentes. Los pueblos indígenas también han expresado su preocupación por la contaminación que han dejado los proyectos mineros, que según ellos todavía no ha sido remediada.

Lo que podría ser una consecuencia de la falta de oportunidades de los pueblos indígenas para participar en las actividades mineras y en los beneficios derivados de las mismas, es la existencia a través de la región andina de personas y grupos indígenas que se dedican a la minería de pequeña escala de manera informal o ilegal. Estas actividades están siendo desarrolladas con consecuencias devastadoras para el medioambiente, y sin regulación. Ante esta situación preocupante, el Gobierno debe renovar esfuerzos para ofrecer a estos mineros un camino hacia la formalización por medio de su registro y a la vez crear incentivos para asegurar su registro. Tomo nota que como parte de este proceso, es esencial una mayor presencia del Estado en las zonas donde se desarrolla la minería informal e ilegal y el fortalecimiento del marco regulatorio minero. Asimismo, es necesario asegurar que los pueblos indígenas sean consultados con el fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado en relación con los proyectos mineros existentes y futuros, así como alentar las iniciativas legítimas propias de los pueblos indígenas con respecto a actividades mineras.

Finalmente, durante mis conversaciones con representantes de los pueblos indígenas esta última semana, se ha expresado reiteradamente su percepción de que son reprimidos por haberse opuesto a proyectos extractivos, a través de represalias o de imputaciones penales indebidas. Noto que en virtud del derecho a la libertad de expresión y a la participación, las personas y los pueblos indígenas pueden oponerse y expresar activamente su oposición a los proyectos extractivos. Además, el enjuiciamiento de indígenas por sus actos de protesta no debe emplearse como método para reprimir su libertad de expresión, y debe realizarse únicamente en los casos en que hayan claros indicios de criminalidad. Asimismo, el Perú debería fortalecer sus esfuerzos para proporcionar a los pueblos indígenas los medios necesarios para que las autoridades competentes del Estado escuchen y atiendan sus preocupaciones.

En los próximos meses, estaré desarrollando observaciones y recomendaciones detalladas más allá de estos comentarios iniciales, las cuales serán reflejadas en mi informe al Consejo de Derechos Humanos. Mis observaciones y recomendaciones irán dirigidas a la identificación de buenas prácticas y de las reformas necesarias en consonancia con el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos internacionales que marcan las obligaciones internacionales de derechos humanos del Perú. Espero que este informe sea de utilidad para los pueblos indígenas, el Estado y empresas privadas operando en el Perú, y que ayude en la búsqueda de soluciones a los desafíos actuales en temas de industrias extractivas y los pueblos indígenas.


© Waternunc.com MMXIII