La Comisión Europea ha decidido interponer recurso ante el Tribunal Europeo de Justicia contra Alemania, Italia y el Reino Unido por incumplimiento de la legislación comunitaria sobre residuos. Alemania no aplica correctamente el Reglamento sobre traslado de residuos, mientras que Italia no ha incorporado a su legislación adecuadamente la Directiva sobre residuos peligrosos. El Reino Unido ha incumplido las disposiciones sobre gestión de residuos derivadas de diversas directivas comunitarias (la Directiva marco sobre residuos, la Directiva sobre residuos peligrosos y la Directiva sobre envases y residuos de envases). La Comisión también ha decidido enviar un dictamen motivado a España por no notificar un proyecto de ley autonómico sobre residuos de envases, incumpliendo así lo dispuesto en la Directiva sobre residuos de envases.
La actuación contra Alemania se debe a la práctica de las autoridades alemanas de restringir indebidamente el traslado de residuos a otros Estados miembros, para su recuperación en hornos de cemento. Alemania sólo autoriza estos traslado cuando se cumplen otras condiciones, por ejemplo, en lo que se refiere a valor calorífico mínimo y eficiencia de la combustión de los residuos. Cuando tales criterios no se cumplen, Alemania alega que los residuos no se recuperarán sino que simplemente se eliminarán.
El Reglamento sobre traslados de residuos (Reglamento 259/93 del Consejo relativo a la supervisión y el control de los traslados de residuos) permite a los Estados miembros oponerse al traslado de residuos al extranjero para su eliminación, especialmente cuando pueda alegarse que el traslado sería contrario al principio de "autosuficiencia" (es decir, el principio de que cada Estado miembro tiene que ocuparse de sus propios residuos). Sin embargo, el Reglamento no permite a los Estados miembros oponerse al traslado de residuos acogiéndose al principio de "autosuficiencia" cuando los residuos vayan a recuperarse en otro Estado miembro.
La decisión sobre Italia se fundamenta en que este país no ha aplicado adecuadamente la legislación comunitaria sobre residuos peligrosos (Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos). Esta Directiva establece que todas las empresas que recuperen residuos peligrosos tienen que estar sujetas a autorización previa por la autoridad competente. Asimismo, está previsto un procedimiento simplificado según el cual estas empresas sólo están sujetas a registro si cumplen determinados requisitos que determinan los Estados miembros. En la actualidad, algunas empresas que se dedican a la recuperación de residuos peligrosos están exentas de esta obligación de autorización previa, aunque Italia todavía no ha establecido condiciones técnicas adecuadas.
La Decisión sobre el Reino Unido está motivada porque este país no ha adoptado ni comunicado a la Comisión los planes de gestión de residuos que deben establecerse con arreglo a las siguientes tres Directivas comunitarias sobre residuos:
Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos, Directiva 91/689/CEE relativa a los residuos peligrosos y Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.
Los planes de gestión de residuos son un elemento clave del planteamiento comunitario sobre residuos, ya que están pensados para ayudar a conseguir la prevención o reducción de residuos, su recuperación, su eliminación de manera segura para el medioambiente y el establecimiento de una red integrada y adecuada de instalaciones de eliminación en toda la Unión Europea.
Los planes enviados a la Comisión por el Reino Unido no cumplían los requisitos que fija la legislación comunitaria sobre residuos: el territorio del Reino Unido no quedaba completamente cubierto, algunos de los planes ya no eran válidos y sólo uno incluía un capítulo sobre la gestión de envases y residuos de envases. Posteriormente, el Reino Unido anunció que se estaban preparando estrategias nacionales sobre residuos para Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Por otra parte, no se dio indicación alguna sobre una posible revisión del plan de Gibraltar. Dado que no se ha aprobado ningún plan desde entonces, la Comisión ha decidido proseguir su actuación y llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia.
La denuncia contra España se refiere al incumplimiento del artículo 16 de la Directiva sobre residuos de envases por parte de las autoridades de las Islas Canarias. Esta disposición exige que los Estados miembros notifiquen a la Comisión en forma de proyecto cualquier medida que las autoridades nacionales se propongan adoptar en relación con la aplicación de la Directiva. Este procedimiento de notificación permite a la Comisión y a los demás Estados miembros, a los cuales se remite el proyecto notificado, hacer observaciones sobre el proyecto a la luz de la Directiva.
Las autoridades de las Islas Canarias han aprobado una ley sobre gestión de residuos de envases sin notificarla en la fase de proyecto a la Comisión. Razón por la cual, la Comisión ha decidido enviar un dictamen motivado.
A raíz de estas actuaciones, la Comisaria europea de medioambiente, Margot Wallström, ha declarado que: "el cumplimiento estricto de la legislación comunitaria sobre residuos es una condición previa de cualquier política bien fundamentada de prevención de la contaminación".
